¡Viva México Ca...!

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LEY QUE EXTINGUIÓ LAS COMUNIDADES
DE RELIGIOSAS



BENITO JUÁREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
     Considerando:
    

    I. Que en la gravísima situación en que ha venido la República, el Gobierno debe emplear todos los medios posibles para atender a las exigencias de la administración y muy especialmente para repeler al ejército extranjero, invasor del territorio nacional.

    II. Que disponiéndose de los conventos ahora destinados a la clausura de las señoras religiosas, habrán de obtenerse en una parte considerable los recursos que necesita el tesoro de la Federación y podrán establecerse varios hospitales de sangre y proporcionarse alojamiento a los individuos que se inutilizaren y a las familias indigentes de los que han muerto y muriesen peleando por la Patria en la guerra actual.

    III. Que si bien pude fundarse en la libertad de cada uno la resolución de observar los votos que las religiosas pronuncian, es evidentemente opuesto a la misma libertad, incompatible con la ley de cultos e intolerable en una República popular la serie de medios coactivos con que se estrecha al cumplimiento de esos votos.

    IV. Que el poder a que sin reservas se someten las señoras religiosas no tiene por base y correctivo ni las leyes, como la autoridad de los magistrados, ni los sentimientos naturales, como la patria potestad, ni el derecho para cambiar de disposición las partes interesadas, como sucede en los contratos de servicios, sino un principio indefinido cuyas aplicaciones todas se imponen según la voluntad de ciertos individuos a otros que deben aceptarlas durante su vida entera, sin que para la represión de los abusos naturales en este sistema pueda intervenir eficazmente la autoridad pública, ni sea fácil tampoco el acceso a ella por parte de las personas agraviadas.

    V. Que no conviene dejar en manos del clero un poder desmesurado como éste, cuyos desafueros serían ahora más trascendentales que en ningún otro tiempo.

    VI. Que la influencia de los sacerdotes en la conciencia de las religiosas restituidas a la condición civil y al goce de sus derechos naturales tendrá las justas limitaciones que le prescriben el decoro del hogar doméstico, la opinión pública y las leyes del país.

    VII. Que en toda la República está declarada la opinión contra la subsistencia de estas comunidades.

    VIII. Que habiéndose resuelto la supresión de ellas por motivos justos y de pública utilidad, sin prevención alguna contra las religiosas, deben estas señoras conservar el goce de sus derechos especiales.

    IX. Que la supresión de las comunidades religiosas ahora existentes no comprende ni debe comprender a las hermanas de la caridad, que, aparte de no hacer vida común, estás consagradas al servicio de la humanidad doliente.
    Por estas causas, y usando de las amplias facultades con que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

    Art. 1° Quedan extinguidas en toda la República las comunidades de señoras religiosas.

    Art. 2° Los conventos en que están reclusas quedarán desocupados a los ocho días de publicado este decreto, en cada uno de los lugares donde tenga que ejecutarse.

    Art. 3° De estos edificios, y de todo lo que en ellos se encontrara perteneciente a las comunidades de señoras religiosas, y no a estas últimas en particular, se recibirán las oficinas de Hacienda que designe el Ministerio del ramo.
    Todo lo que tengan las religiosas para su uso particular se dejará a su disposición.

    Art. 4° No podrán ser enajenados estos edificios sino a virtud de una orden concerniente a cada caso, expedida por el Ministerio de Hacienda, y que se insertará precisamente en la escritura de enajenación, sin lo cual será ésta nula y de ningún valor; y el escribano que la autorice sufrirá la pena de privación perpetua de su oficio, respondiendo, además, por las resultas de su dolosa omisión.

    Art. 5° El Gobierno entregará sus dotes a aquellas de las religiosas que no los hubiesen recibido todavía; y mientras esto sucede, proveerá a la manutención de las interesadas.

    Art. 6° De los templos unidos a estos conventos, continuarán destinados al culto católico los que fueren designados al efecto por los gobernadores respectivos.

    Art. 7° Lo prevenido en este artículo no comprende a las hermanas de la caridad

    Art. 8° El Ministerio de Hacienda expedirá el reglamento y órdenes que convengan para la exacta observancia de este decreto.

    México, 26 de febrero de 1863.-BENITO JUÁREZ.-Al Ciudadano JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación



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